Alcoholizado, sin licencia y sin seguro: el escándalo que salpica a un funcionario provincial
Diego Silvestre, recientemente designado por el gobernador Alfredo Cornejo como titular del Consejo de Minería y quien hasta ayer se desempeñaba como coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael, presentó su renuncia tras ser detenido en un control vial manejando con 2,26 g/l de alcohol en sangre. Además, circulaba sin licencia de conducir, sin seguro obligatorio y sin la cédula de identificación del vehículo.
Contexto de la Salida
Esta renuncia se precipitó luego de que el caso trascendiera públicamente, generando un gran revuelo político.
El episodio tomó aún más trascendencia porque ocurrió pocos días después de que el Gobierno provincial oficializara su designación como integrante del Consejo de Minería de Mendoza. Previo a estos cargos, Silvestre se desempeñaba como asesor técnico del bloque oficialista en el Concejo Deliberante de San Rafael.
El nuevo caso de alcoholemia positiva que salpica a un funcionario provincial tardó varios días en trascender públicamente. Según el Ministerio de Seguridad, el procedimiento se llevó a cabo el domingo durante un operativo vial y arrojó un resultado positivo de alcoholemia, precisamente 2,26, más de 4 veces lo permitido. Además, los agentes constataron que el funcionario no contaba con licencia de conducir ni con la documentación correspondiente al seguro obligatorio del vehículo.
Otros antecedentes
El caso de Silvestre se incorpora a una serie de hechos que tuvieron como protagonistas a funcionarios y dirigentes políticos de Mendoza involucrados en controles de alcoholemia positiva.
Uno de los antecedentes más conocidos fue el de Miqueas Burgoa, exconcejal de Guaymallén, quien protagonizó un incidente vial que derivó en repercusiones políticas e institucionales. Burgoa circulaba con 1,25 gramos de alcohol en sangre, lo cual derivó en su detención. Además, el informe policial detallo que quiso hacer uso de su cargo para eludir los problemas causados.
Durante 2025 también se registraron otros episodios que involucraron a funcionarios provinciales y municipales detectados conduciendo bajo los efectos del alcohol. En varios de esos casos, las situaciones derivaron en pedidos de explicaciones públicas, sanciones administrativas o renuncias a cargos dentro de la administración pública.
Teves, extitular del Ente de Movilidad Provincial (EMOP), fue demorado el 17 de enero de 2025 en Godoy Cruz abordo de un auto oficial, es decir, de la flota de vehículos del Estado provincial. Superaba el gramo de alcohol en sangre y, pese a su intento de zafar por su cargo, no lo logró y fue multado por $2 millones. Además, se lo inhabilitó a conducir durante cinco meses y a hacer una actividad con familiares de víctimas de tránsito. Un día después, sin resistir la presión, renunció a su cargo.
Quien además se vio envuelto en un alboroto fue Cristian Ochoa, exdirector de Prensa de la Municipalidad de Tunuyán, el 13 de octubre embistió a otro vehículo con 1,42 gramos de alcohol en sangre.
Finalmente, Ochoa renunció tras la trascendencia que cobró el incidente.
Otro de los casos de alcoholemia positiva que involucró a un dirigente político fue el del entonces concejal de San Rafael Martín Antolín, integrante del Partido Libertario. El edil fue aprehendido durante un control vial realizado sobre la calle Arístides Villanueva, en la Ciudad de Mendoza, cuando circulaba a bordo de un BMW Z4.
