Desguace del INTA: los libertarios consiguieron 420 adhesiones al plan de retiros voluntarios y aspira a 1.200
El plan de retiros voluntarios en el INTA está lejos de la meta oficial, y amenaza con pérdidas irreemplazables en ciencia y tecnología.
A dos semanas de habilitado el nuevo esquema de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Gobierno nacional enfrenta un escenario complejo. Hasta el momento, alrededor de 420 trabajadores se anotaron en el programa, una cifra que quedó muy por debajo de la meta oficial de 1.200 desvinculaciones. El número encendió las alarmas internas y abrió interrogantes sobre el alcance real del ajuste que impulsa la administración libertaria.
El impacto en Mendoza
El INTA aprobó en marzo el plan de retiros impulsado por el gobierno de Javier Milei y exigida desde el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, con el objetivo de reducir la planta de personal del organismo, actualmente integrada por unos 5.800 trabajadores, con el objetivo de que 1.500 técnicos e investigadores se desvinculen del Estado. La decisión quedó registrada en el Acta 611 del Consejo Directivo, que se difundió entre trabajadores de Mendoza.
El INTA en Mendoza opera con cuatro estaciones experimentales y alrededor de 20 agencias de extensión:
- Situación Laboral: a diferencia de otras regiones donde hubo despidos, los trabajadores del INTA en Mendoza han estado bajo un proceso de incertidumbre y reubicación, buscando garantizar la continuidad laboral de sus equipos.
- Alcance: el INTA en Mendoza abarca 4 Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA) y 20 agencias de extensión rural.
El dilema de la antigüedad
La ventana para adherirse al plan se abrió el 4 de mayo y permanecerá vigente hasta el 15 de junio. El objetivo oficial es reducir un 21% de la planta, que actualmente ronda los 5.750 empleados. Sin embargo, la adhesión inicial fue menor a la esperada. Según distintas fuentes, la principal traba radica en el reconocimiento de los años trabajados en condición de planta no permanente. Muchos trabajadores acumulan hasta una década en esa situación y temen que ese tiempo no sea reconocido, lo que los lleva a esperar hasta último momento antes de tomar una decisión.
Expectativas y antecedentes
En los pasillos del organismo se repite una frase: “Muchos están esperando a ver si liberan fondos contando la antigüedad de planta transitoria”. El antecedente inmediato refuerza esa expectativa: en el retiro voluntario anterior, al que se sumaron 297 empleados, sí se había contemplado la antigüedad transitoria dentro del cálculo final. La diferencia actual genera incertidumbre y frena nuevas adhesiones.
Escenarios alternativos en análisis
Ante la posibilidad de no alcanzar la meta, el Gobierno comenzó a evaluar alternativas. Una de ellas es el pase de personal a disponibilidad, una herramienta prevista para reorganizaciones estatales que podría derivar en un conflicto abierto con los trabajadores. Otra opción en análisis es la intervención de la Fundación ArgenINTA, que podría cubrir el costo vinculado a los empleados de planta no permanente. El presupuesto estimado para esa operación rondaría los 2.000 millones de pesos, aunque aún no hay definiciones concretas.
El rol de ArgenINTA
La Fundación ArgenINTA funciona como Unidad de Vinculación Tecnológica y administra proyectos financiados por organismos internacionales, empresas y entidades públicas. Su rol es clave en el desarrollo territorial, la seguridad alimentaria y la productividad de los sistemas socioproductivos locales. La eventual participación de la fundación en el esquema de retiros voluntarios abre un nuevo capítulo en la relación entre el organismo y el Gobierno.
Costos y pérdidas del ajuste
El costo total del programa de retiros voluntarios se calcula en 101.717 millones de pesos, en función de la aplicación del beneficio y la actualización de las partidas presupuestarias necesarias para financiarlo. Pero más allá de las cifras, el impacto en términos de transferencia de conocimiento al sector productivo es incalculable. El INTA es reconocido por su aporte científico y tecnológico en áreas estratégicas como la agricultura, la ganadería y la seguridad alimentaria. La salida de cientos de profesionales, técnicos e investigadores representa una pérdida difícil de reemplazar.
El Gobierno no cede con la motosierra
Dentro del Gobierno, la lectura es clara: si se logra alcanzar la cantidad prevista de retiros, no habría nuevos recortes sobre programas técnicos y de investigación. Los retiros compensarían el gasto generado en otras áreas. En cambio, si no se llega al número esperado, se teme una profundización del ajuste. Entre las alternativas que se mencionan aparece la posibilidad de que intervenga la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para avanzar con la venta de tierras pertenecientes al INTA, además de nuevos recortes presupuestarios y de programas de trabajo.
Un futuro incierto
La tensión crece a medida que se acerca la fecha límite. El futuro del INTA se juega en un delicado equilibrio entre las necesidades de ajuste del Gobierno y la resistencia de los trabajadores. En ese escenario, la Argentina corre el riesgo de perder capacidades científico-tecnológicas acumuladas durante décadas, un capital humano que difícilmente pueda recuperarse en el corto plazo. La cuenta regresiva ya comenzó y el desenlace marcará un punto de inflexión en la historia del organismo.
Fuente: El Editor Mendoza / Gabriela Valdéz
