Presentan un proyecto para ponerle un límite al gasto en pauta oficial
El proyecto fue presentado por el senador provincial del Partido Verde, Dugar Chappel. Establece que el Gobierno no pueda destinar más del 0,05% del presupuesto anual a la contratación de pauta.
Solamente en el segundo cuatrimestre del 2026 el gobierno de Alfredo Cornejo gastó más de 4.500 millones de pesos en pauta oficial. Si eso se suma a los más de 4.100 millones de pesos del primer cuatrimestre, el monto supera los 8.600 millones de pesos. El senador provincial Dugar Chappel presentó un proyecto para ponerle un techo a ese concepto estableciendo un porcentaje máximo del presupuesto provincial.
«La primera decisión del proyecto consiste en fijar un límite máximo para el gasto en publicidad oficial equivalente al 0,05 % de las erogaciones presupuestadas para cada ejercicio», se puede leer en la iniciativa presentada por el legislador del Partido Verde.
En este sentido, explicó que el monto total para el 2026 no podría superar los 3.146 millones de pesos. «Como referencia cuantitativa, el Presupuesto de Mendoza para 2026, aprobado mediante la Ley 9681, estimó erogaciones por $6.292.800.888.630. Aplicado sobre esa base, el 0,05 % equivale a aproximadamente $3.146.400.444. Esta cifra es ilustrativa: representa el techo teórico resultante de aplicar la fórmula al presupuesto aprobado, no el gasto efectivamente ejecutado en publicidad oficial», expresa en el proyecto.
Por otro lado, plantea un segundo componente central en la iniciativa que consiste en establecer por ley los criterios y ponderaciones para la distribución de la publicidad oficial.
«La propuesta asigna un 35 % a la audiencia o alcance efectivo, un 25 % a la cobertura territorial y adecuación al público destinatario, un 20 % al alcance local y regional, un 15 % a la eficiencia económica y un 5 % a la producción de contenidos informativos de interés público local», establece.
«La libertad de expresión constituye una garantía esencial del sistema democrático y comprende tanto el derecho a difundir ideas como el derecho de la ciudadanía a recibir información. En ese contexto, la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación debe responder a criterios objetivos y compatibles con el pluralismo informativo. La publicidad oficial no puede convertirse en una recompensa por la adhesión editorial ni en una sanción económica por las críticas a los gobernantes», concluye el autor.
Un tema que está en debate
Luego de 11 años de gobierno de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo dispuso fijar nuevas reglas para rendir los gastos provinciales de pauta oficial. Lo hizo a través de un artículo incorporado en el presupuesto que apunta a derogar la normativa vigente porque no se estaba cumpliendo.
El gobierno provincial no estaba cumpliendo con la ley 6496 del año 1997 ni tampoco con el decreto 08 del año 2001. Esa es la normativa que establecía la obligatoriedad de hacer informes bimestrales en la Legislatura sobre los gastos de pauta oficial e incluso detallar la motivación de las erogaciones. A pesar de que el subsecretario de Comunicación Social, Prensa y Protocolo, Pablo Sarale, firmaba resoluciones invocando el decreto 08, no cumplía con los requerimientos del mismo.
En ese contexto el gobernador Alfredo Cornejo decidió hacer algo inédito. Incluyó en el proyecto de Presupuesto un artículo que fija nuevas reglas para la rendición de pauta oficial. De forma trimestral la Contaduría deberá remitir a la Legislatura nombre o razón social del adjudicatario/proveedor de la pauta publicitaria y montos contratados junto con un detalle de la campaña institucional o acto de gobierno objeto de la pauta. Lo que no incluye es la motivación de ese gasto.
Por último, aparece una frase que viene a ordenar la anarquía con la que se ha venido manejando impunemente el gobierno provincial. «Deróguese toda disposición que refiera a obligación, plazo y procedimiento de información pública de Publicidad y Propaganda», establece el proyecto de presupuesto que presentó Cornejo.
Distintas organizaciones civiles como Fiscalía Ciudadana y la Fundación Nuestra Mendoza salieron a cuestionar las intenciones del gobierno. «Esta nueva situación implicaría un gran retroceso en la regulación de Acceso a la Información Pública y la Publicidad de los actos de Gobierno, en contraposición del avance progresivo que plantean los diferentes organismos y documentos internacionales que refieren a la materia (OCDE, OGP, OEA) y a los que la Provincia de Mendoza en reiteradas ocasiones ha manifestado adherir», aseguraron.
Fuente: El Medio
