Advierten «trampas a la democracia» y a la libertad de expresión por parte del Gobierno Nacional
La Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina denunció que el nuevo proyecto de «Ley de Defensa de la Soberanía Nacional» presentado por el Ejecutivo podría suponer un ataque al periodismo y a la democracia.
El nuevo proyecto de «Ley de Defensa de la Soberanía Nacional» presentado por el Poder Ejecutivo, para revitalizar el debate sobre la disputa de soberanía en la que se encuentra Argentina respecto a las Islas Malvinas, ha sido puesto en cuestionamiento debido a algunas «trampas a la democracia» que la iniciativa contiene.
La Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA) publicó un comunicado advirtiendo que el proyecto contiene un artículo que atenta a la libertad de expresión y al trabajo periodístico.
El debate se centra sobre el título VI del proyecto, artículo 225 bis al Código Penal, que reprime con prisión de 5 a 12 años (y de 8 a 15 en supuestos agravados) a quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva».
La advertencia recae sobre la «ambigüedad» y la falta de precisión con la que el Ejecutivo refiere a conceptos como «desinformación» o manipulación de la opinión pública. Desde diversas instituciones que abogan por la libertad de expresión, tales como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) o la Fundación Transparencia Activa (FTA), señalaron que este «gris» en el documento supone un verdadero «riesgo para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión» debido a que el artículo no define estos conceptos.
De esta manera, el documento «deja un margen amplio para que la norma sea aplicada de manera discrecional».
Y advirtieron: «la experiencia comparada muestra que normas de este tipo, presentadas bajo la bandera de la soberanía o la seguridad nacional, terminaron utilizándose para castigar el disenso, desalentar la crítica periodística y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil en distintos países de la región y de Europa del Este».
Es por ello que desde ADEPA informaron que remitirán a los legisladores un análisis jurídico del proyecto «con especial atención a aquellos aspectos que puedan generar interpretaciones ambiguas con potencial impacto en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa».
El planteo explica que sería conveniente que cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables —como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral— y no aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones.
Por último, tanto la ADEPA como la FOPEA señalaron que la discusión no recae «de ninguna manera» sobre el deber del Gobierno Nacional en defender la soberanía sobre las Islas Malvinas. Así como tampoco defienden prácticas deshonestas o de desinformación por parte de la prensa, pero instan a que las mismas queden especificadas en el documento para evitar «persecuciones».
La oposición denuncia un intento de «concentración de poder» del presidente
Diversos bloques de la oposición señalaron también que, de los 8 títulos del proyecto, solo el primero se refiere a la cuestión de Malvinas.
Agustín Rossi, ex ministro de Defensa y senador nacional por Unión por la Patria, declaró que la reforma «es en el fondo una forma de concentrar el poder en el presidente» y que la misma abre la puerta a un accionar peligroso.
Otro de los puntos más criticados es la creación de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional que sería el órgano rector del nuevo Sistema de Seguridad Nacional. El mismo propone ser encabezado por el presidente y, de ser aprobado, Milei tendría amplias funciones. La crítica surge debido a que Argentina ya cuenta con un Consejo de Seguridad (CODENA) que tiene representación de Senadores y Diputados, los cuales no están presentes en el nuevo Consejo propuesto por el Ejecutivo.
Por otra parte, se amplía el rol de las Fuerzas Armadas para que puedan intervenir en operaciones militares “no convencionales”, sin definir qué significa. De esta manera, la oposición entiende que el Gobierno abre una ventana para que puedan actuar en cuestiones de seguridad interior, algo que rompería con el llamado “consenso democrático”.
